6.-
DOCUMENTO DE ELX. NOVIEMBRE DE 2002.
La
Comisión Permanente Estatal de Directoras y Directores de IES reunida en Elche
los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2002 , para profundizar en el análisis
del proyecto de Ley de Calidad de Educación presentado en el Parlamento y después
de las reuniones mantenidas con los responsables del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, manifiesta:
1.- PACTO POR LA ENSEÑANZA
Lamentamos
y denunciamos que se haya perdido una gran oportunidad para conseguir un pacto
de estado por la Educación. Sin
haber tenido el tiempo suficiente para desarrollar toda la normativa de la LOGSE
y valorar adecuadamente su implantación, se plantea una profunda reforma del
sistema educativo y, antes de que ésta sea promulgada, ya se escuchan voces
anunciando su futura modificación.
La
educación no puede verse sometida
cada pocos años a violentos vaivenes en función de la ideología política del
partido en el gobierno. Esta circunstancia afecta fundamentalmente a los centros
públicos de los que es titular la Administración educativa.
Queremos destacar el ofrecimiento realizado por esta Permanente Estatal
de Directores desde su constitución como interlocutores con la Administración,
dado nuestro carácter de conocedores de la realidad cotidiana de los centros,
habiendo presentando en varias ocasiones y por escrito propuestas nacidas del
debate y del consenso, ninguna de las cuales ha sido considerada ni aceptada por
el Gobierno.
2.- DOTACIÓN DE RECURSOS Y AUTONOMÍA
DE LOS CENTROS
La Ley se presenta sin financiación. Estimamos que debe como mínimo
garantizarse que ésta sea suficiente, hasta alcanzar los porcentajes habituales
en los países de la Unión Europea, así como que los traspasos a las CCAA de
las partidas económicas destinadas a educación tengan carácter finalista,
para asegurar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos.
La
adecuada atención a alumnos diversos, en comunidades diversas y situaciones
socioeconómicas y culturales diversas, exige dotar a los centros educativos de
una verdadera autonomía de gestión pedagógica y de recursos. No se pueden
aplicar soluciones uniformes a situaciones muy diferentes. Garantizando los
recursos materiales y humanos mínimos necesarios para llevar a cabo su labor,
debe ser cada centro quien, con el adecuado control interno y externo, decida cómo
debe utilizar estos recursos en función de las necesidades de sus alumnos.
3.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Nos
ratificamos en lo firmado por esta Permanente en las jornadas realizadas en la
ciudad de Teruel en Mayo de 2002.
Creemos
que la Ley dedica muy pocas líneas a las medidas de atención a la diversidad
en Primaria y en el primer ciclo de Secundaria, que es donde realmente se gestan
los problemas de los alumnos.
Consideramos
que la existencia de los itinerarios como único medio de atención a la
diversidad podría conducir a encasillar a los alumnos, planificando
prematuramente su futuro académico y profesional y podría dejar por el camino
a quienes presentan dificultades de aprendizaje, sin aportar soluciones a su
variada problemática.
No
se contemplan sin embargo medidas diversas que se están aplicando en los
centros con buenos resultados académicos y humanos como son los agrupamientos
flexibles, los apoyos a los alumnos con necesidades de compensación educativa,
etc...
Es
especialmente sorprendente que se eliminen los Programas de Diversificación
Curricular, que han demostrado sobradamente su eficacia y que pocas voces se
atreverían a poner en entredicho.
Es
de nuevo la autonomía pedagógica de los centros la garante de la flexibilidad
necesaria para la correcta aplicación de cualquier medida de atención a la
diversidad.
4.- FUNCIÓN DIRECTIVA
Si
bien nos ratificamos en que la comunidad educativa debería elegir al director
con un proyecto de dirección coherente y adaptado a la realidad del centro, el
proyecto de ley no recoge esta posibilidad.
Dado
que el director será seleccionado por una comisión tal como propone el
proyecto de ley, esta Permanente considera que la participación de la
Administración en el proceso de selección de directores podría ser positiva
si supone una real implicación de la misma en el apoyo al proyecto presentado,
facilitando los medios y recursos necesarios para llevarlo a cabo. Así mismo,
entendemos que la comisión debería estar integrada mayoritariamente por
miembros de la comunidad educativa. Consideramos además imprescindible que la
valoración del proyecto de dirección tenga un peso relevante en el proceso de
selección.
El
proyecto de dirección presentado debe incluir un equipo directivo, puesto que
este es fundamental para que pueda llevarse a la práctica.
Por
otra parte cabe preguntarse si la falta de candidatos es achacable al sistema
actual o a las condiciones en que los directores y equipos directivos están
desarrollando su trabajo. Si estas no se mejoran, tampoco el nuevo sistema
resolverá este problema. Creemos necesario que se adopten medidas como:
·
Retribución económica adecuada
a la responsabilidad inherente al desempeño de estos cargos.
·
Apoyo y reconocimiento de su
labor por parte de la Administración.
·
Competencias reales en la gestión
de los recursos humanos y materiales.
·
Racionalización de las tareas
administrativas que se desempeñan en la función directiva.
5.- ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN Y SU
ALTERNATIVA
Creemos que el mantenimiento de la enseñanza confesional de la religión
genera un problema que requiere soluciones que no impliquen la imposición de
una alternativa a aquellos que no desean recibir estas enseñanzas.
6.- CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
Constatamos con preocupación la consagración de una doble red de
centros (públicos y privados concertados), en la medida en que en el proyecto
de ley no se establece un reparto equitativo del alumnado con necesidades
educativas específicas. Los alumnos con problemas de aprendizaje y la población
inmigrante se hallan escolarizados en su inmensa mayoría en los centros públicos.
Ante esta situación de manifiesta desigualdad reclamamos de las
administraciones educativas el mismo tratamiento para todos los centros
sufragados con dinero público.
Entendemos que la educación es un servicio público que debe regirse por
principios de competencia y no de competitividad. Los objetivos de calidad y de
igualdad de oportunidades sólo pueden alcanzarse si la red pública es el eje
vertebrador de la oferta educativa.
Por último, los Directores de los IES, como responsables de educación
en los centros, de la gestión y administración de los mismos, creemos
necesaria nuestra participación directa en la elaboración del posterior
desarrollo normativo de esta Ley.
Elche, 24 de noviembre de 2002