2.-  DOCUMENTO DE MADRID. NOVIEMBRE DE 2000.

 

La Comisión Permanente Estatal de Directores de Institutos de Educación Secundaria, reunida en Madrid los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2000  con la participación de representantes de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Illes Balears, Comunidad Valenciana, Madrid,  La Rioja, Castilla León,  Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, así como Directores de  Asturias, Aragón  y Castilla La Mancha, decide y desea manifestar lo siguiente:

 

         Es evidente la importancia que para el futuro de un país tiene la educación de sus ciudadanos. Los poderes públicos están obligados a proporcionar a estos una enseñanza de calidad, con una adecuada dotación de recursos, una normativa clara y transparente que asegure la igualdad de oportunidades para todos y una educación basada en dar respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad, no en intereses económicos, privados o de grupo.

 

         1.- Afirmamos que las Administraciones públicas deben poner de manifiesto ante los ciudadanos  la señas de identidad de la enseñanza pública basada en sus indicadores de calidad:

 

-           Cercanía de los Centros al domicilio de los alumnos.

-           Calidad de los recursos disponibles.

-           Formación en valores, pluralidad e igualdad de oportunidades.

-           Procesos de calidad internos y externos.

-           Compromisos adquiridos desde la matriculación de los alumnos para dar soluciones a la diversidad de estos.

-           Oferta amplia de itinerario y optativas basada en los intereses y necesidades de los alumnos.

-           Relación con la sociedad de los Centros como instituciones públicas.

 

         De ninguna manera deberá considerarse la oferta de educación pública  como subsidiaria de la privada. Nuestro país ha de estar orgulloso de la cantidad y calidad de su red pública de enseñanza, mantenerla y potenciarla como garantía de futuro para sus ciudadanos.

 

         En consecuencia, las administraciones públicas deben ser extremadamente cuidadosas en asegurar la transparencia en la aplicación y cumplimiento de la normativa educativa, para que todos los centros sostenidos con fondos públicos garanticen la atención, de igual manera, a todo tipo de alumnado.

 

         2.- El desarrollo y cumplimiento de lo anteriormente expuesto sólo será posible  con una adecuada dotación de recursos económicos, humanos y materiales. Por ello, exigimos al Estado que el proceso culminado de transferencias educativas a las Comunidades Autónomas garantice la igualdad de todos los españoles en el acceso a la educación.

 

         3.-  Ante la realidad cambiante de la sociedad, solicitamos que las normativas se adecuen a la realidad y reivindicamos nuestro papel de interlocutores con las administraciones educativas, como gestores y expertos en la gestión de los centros.

 

         4.- Cualquier sistema educativo, o sus posibles modificaciones, para tener garantías de éxito debe asentarse en los siguientes principios:

 

-         Consenso político y social, de modo que las grandes líneas de actuación no se modifiquen en función del signo político de la mayoría que sustente al gobierno.

-         Dotación presupuestaria suficiente.

-         Potenciación de la educación en valores.

-         Coherencia entre las Leyes Orgánicas y los Reales Decretos que las desarrollan.

-         Profundización en la autonomía de los centros, dentro de los marcos legales, plasmada en el PEC, PCC y los proyectos de equipos docentes.

-         Aplicación de los principios normativos con los instrumentos necesarios  para hacerlo realidad: construcciones y/o adecuaciones de centros, adscripción  de centros de primaria a IES, suficiente dotación de profesores de apoyo, así como del Departamento de Orientación, para posibilitar la atención a la diversidad.

 

 

Madrid, 18 de Noviembre de 2000