La Comisión Permanente Estatal de Directores de Instituto de Educación Secundaria, reunida en Menorca los días 6, 7 y 8 de mayo de 2004 con la participación de representantes de las Comunidades Autonómas de Andalucia, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Catalunya, Euskadi, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Valencià manifiesta lo siguiente:

Ante la decisión del Consejo de Ministros de modificar el Decreto de Calendario de aplicación de la LOCE con objeto de abrir un verdadero debate sobre el futuro de la legislación educativa, entendemos que se abre una oportunidad para conseguir el pacto de Estado sobre Educación que desde nuestra constitución como Comisión Permanente siempre hemos solicitado. Presentamos este documento ratificando el ofrecimiento realizado en múltiples ocasiones como interlocutores con la Administración dado nuestro carácter de profundos conocedores de la realidad de los centros y que nuestras propuestas siempre son fruto del debate y del consenso.

En este sentido es de agradecer el ofrecimiento de diálogo por parte del actual Gobierno y es un ejercicio de responsabilidad asumir que la educación no puede verse sometida cada pocos años a vaivenes en función de la ideología política del partido gobernante. La iniciativa del pacto es competencia de quien tiene el poder y es necesario que las distintas Comunidades Autónomas se impliquen en el mismo.

Como representantes de los directores de los centros públicos de educación secundaria nuestro objetivo es defender y mejorar la enseñanza pública: una enseñanza pública que a lo largo de muchos años viene demostrando su importante papel en la vertebración y cohesión de la sociedad española, que asegura una verdadera igualdad de oportunidades, ha asumido el reto de dar respuesta a una nueva sociedad más abierta, lingüística y culturalmente plural, y deber tener en Europa su marco de referencia.

De no lograrse este pacto se agravaría la situación que ya denunciamos anteriormente de desvertebración del sistema educativo, ya que cada Administración está legislando con criterios diferentes. Ratificamos, por otra parte, nuestra afirmación de que la necesaria autonomía no está reñida con una imprescindible coordinación que evite desigualdades y situaciones injustas.

En el marco del diálogo previsto, esta Comisión Permanente de Directores se convierte en un elemento imprescindible de consulta y asesoramiento, dado que representa a los directores de todas las Comunidades Autónomas y tiene una amplia tradición de trabajo por consenso, lejos de cualquier motivación que no sea la puramente profesional.

Expresando de nuevo nuestra disposición a debatir cualquier aspecto del marco normativo, declaramos nuestros puntos de partida en los siguientes aspectos, de acuerdo con lo manifestado en los diferentes documentos elaborados por esta Comisión Permanente.

LA FUNCIÓN DIRECTIVA

Aunque todas las autoridades educativas proclaman la importancia fundamental del papel de los directores de los centros, el desarrollo normativo que viene realizándose en las distintas Comunidades Autónomas está resultando caótico y se reduce al mero proceso de selección de directores, diferente en cada Comunidad.  Sin embargo, en ninguna se ha entrado en la verdadera potenciación de la función directiva ni en su valoración real.

Sigue sin concedérsele una retribución adecuada, sin considerarse la experiencia directiva como mérito preferente para acceder a otros puestos de las Administraciones, sin contemplarse una mayor competencia en la gestión de los recursos humanos y materiales, entre otros aspectos destacables. Así mismo, afirmamos que la complejidad de la gestión de los centros exige vincular dirección con equipo directivo y valorar adecuadamente a este último.

Creemos que cualquier futura normativa debe contemplar de manera preferente estos aspectos y que es necesario potenciar el liderazgo de las direcciones en la gestión de los diferentes programas de evaluación y calidad de los centros.

Consideramos que representantes de los directores de instituto deben formar parte de los Consejos Escolares de las diferentes Comunidades Autónomas y del Consejo Escolar del Estado.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

No es admisible la situación actual, en la que la titulación básica que permite incorporarse al mundo laboral no es adquirida por un porcentaje significativo del alumnado y parte de los que sí la consiguen tienen importantes dificultades para continuar eficazmente sus estudios. Es evidente que la necesaria extensión de la escolaridad obligatoria nunca ha conseguido atender adecuadamente a la diversidad del alumnado. Por ello manifestamos:

• El objetivo fundamental de la ESO debe ser que todos los alumnos alcancen esta titulación básica, aunque deben arbitrarse vías diferentes para alumnos diferentes.
• Las medidas de atención en Primaria y en el primer ciclo de Secundaria, que es donde se manifiestan las necesidades más evidentes, son claramente insuficientes.
• Deben potenciarse y anticiparse estructuras semejantes a los actuales Programas de Diversificación Curricular, que han demostrado sobradamente su eficacia. Incluso deberían crearse programas similares con un mayor contenido de formación profesional.
• El número de asignaturas por curso en la ESO debería reducirse de forma que, manteniendo la carga horaria total en la etapa, el número de materias por curso asegurase a todas ellas una carga horaria semanal significativa.
• Dentro de un marco normativo amplio y común es necesario disponer de una autonomía de gestión de recursos humanos y materiales que permita atender las necesidades de los alumnos, que no son las mismas en centros y años diferentes.
• Urge dotar a los centros de nuevos profesionales para atender las actuales y futuras necesidades derivadas de la creciente incorporación tanto de alumnado inmigrante, desconocedor de los idiomas y costumbres sociales, como de alumnos con conductas disruptivas o con necesidades educativas específicas.
• Debe mantenerse la evaluación colegiada, que gracias al esfuerzo realizado por el profesorado, ha demostrado su eficacia en la atención de la diversidad y permitido valorar el esfuerzo de cada alumno.
• Es necesario un incremento significativo de la dotación económica de los centros que ha quedado absolutamente desfasada. Cualquier ley educativa que no vaya acompañada de la necesaria financiación está condenada al fracaso.

CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

La educación es un servicio público esencial que debe regirse por principios de competencia y no de competitividad. Los objetivos de calidad y de igualdad de oportunidades sólo pueden alcanzarse si la red pública es el eje vertebrador de la oferta educativa. Por el contrario constatamos con preocupación la existencia de una doble red de centros en la que los alumnos con problemas de aprendizaje y la población emigrante se hallan escolarizados en su inmensa mayoría en los centros públicos.

Es inadmisible la existencia de centros sostenidos con fondos públicos que establezcan como criterio de admisión el sexo de los alumnos. Es urgente la elaboración de una nueva normativa de admisión de alumnos que contemple las nuevas realidades sociales y garantice la igualdad de oportunidades.

Así mismo, debe ejercerse una verdadera inspección que asegure que todos los centros sostenidos con fondos públicos aplican escrupulosamente la normativa vigente.

RELIGIÓN Y EDUCACIÓN

Deben solucionarse de una vez por todas los problemas que genera la enseñanza de la religión en los centros: la enseñanza de las distintas religiones ha de considerarse opcional e impartirse, en su caso, fuera del horario lectivo.

Por último reiteramos nuestra disposición a colaborar con las autoridades educativas en cualquier tarea que se oriente a mejorar nuestro sistema educativo. Esperamos que nuestras expectativas se vean satisfechas.

Menorca, a 8 de mayo de 2004