Maite Ducajú, Valencia
La inspección educativa, tras la llamada y posterior visita del funcionario
correspondiente al instituto de Educación Secundaria Ballester Gozalvo de
Valencia, ha levantado acta de que en sus aulas de segundo de la ESO no se
imparte la asignatura de Educación para la Ciudadanía en Inglés, como imponen
la orden y resolución de la Conselleria de Educación, según explicaron ayer.
En este centro se da la citada materia en las lenguas oficiales de la
Comunitat: castellano y valenciano y por profesores del departamento de
Filosofía.
Entre otros motivos, en el instituto -cuyo claustro docente fue el primero que
antes del verano se pronunció en contra de la norma dictada por la conselleria-
no se está enseñando la materia en Inglés porque -al menos hasta ayer- la
profesora asignada por Educación no ha llegado a dar sus clases al presentar
una baja.
Esta profesora, explicaron fuentes del instituto a Levante-EMV, pertenece al
área de Inglés y desconocía que tuviera que impartir la asignatura de
Ciudadanía ya que según el real decreto ministerial ésta es responsabilidad de
los docentes de los departamentos de Geografía e Historia y de Filosofía.
En el Ballester Gozalvo, en donde se considera que "estamos haciendo bien la
cosas" para que no se les diga que incumplen la norma, añadieron que "no se
nos pude obligar a que los profesores de Inglés realicen tareas de traducción
en Ciudadanía porque no tememos horas. Antes del verano, al organizar el nuevo
curso, lo que llamamos confesiones, no se reservaron puesto que aquí no se iba
a impartir la opción B (trabajos trimestrales en esta lengua)", que fue un
aspecto anulado provisionalmente en un auto del Tribunal Superior de Justicia.
Del control que está ejerciendo la inspección educativa para vigilar el
cumplimiento de la norma sobre Ciudadanía en Inglés, fuentes de conselleria
señalaron que los informes no están concluidos y "no hay prisa". No obstante,
afirmaron que se están dando irregularidades pero "no se ha detectado un
incumplimiento masivo de la norma". Cabe recordar que el titular de Educación,
Alejandro Font de Mora, ha reiterado que no le temblará el pulso para que se
respeten sus órdenes.
El inspector, recordaron desde este departamento, instruye el expediente pero
no sanciona. Él propone su apertura pero es el director general de Personal
quien lo decide y ha de nombrar un instructor y un secretario. Además, se debe
dar traslado al profesor interesado para que recurra, si es el caso. Se tarda
un máximo de seis meses en resolver. Las sanciones pueden ser leves o
conllevar que se aparte al afectado de la docencia o se le suspenda de sueldo.
"La inspección educativa puede realizar visitas durante todo el curso e ir
realizando requerimientos a los profesores o la directiva si se sigue
incumpliendo" añadieron en esta conselleria.
Las normas y actuaciones de conselleria han provocado tal malestar en el
sector público educativo que durante esta semana directores de instituto,
sindicatos docentes y profesores han previsto asambleas para acordar
movilizaciones.
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