EUROPA PRESS El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora,
advirtió hoy de que a los centros educativos concertados que no cumplan la
orden autonómica de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC)
en inglés "se les retirará el concierto educativo".
Font de Mora, que se expresó durante la sesión de control al Consell en las
Corts tras ser preguntado por los grupos de la oposición a cerca de la
asignatura, recordó que la orden es obligatoria para los centros públicos y
los privados concertados.
El conseller fue requerido hasta en cinco ocasiones para responder a tres
preguntas y dos interpelaciones de los grupos de la oposición, relacionadas
con la asignatura, el valenciano y el estado del sistema educativo en la
Comunitat.
Así, el diputado de Compromís Josep Maria Pañella le instó a responder si la
Conselleria retirará la orden de EpC, a lo que el conseller aseguró que la
norma "continuará vigente" porque la posición del PP es "mantenerla".
Pañella, por si parte, recalcó que la impartición de la asignatura en inglés
derivará con una "suspenso masivo" al final del curso escolar, al tiempo que
señaló que la consecuencia inmediata de su aplicación es el "caos" en el
sistema educativo. Asimismo, lamentó que la orden no sea de obligado
cumplimiento en los centros privados.
En este sentido, Font de Mora recordó que la orden es obligatoria para los
centros públicos y los privados concertados. Por ello, advirtió de que a aquel
centro concertado que no cumpla con la orden vigente "se le retirará el
concierto educativo", subrayó.
Por otro lado, el diputado de Compromís criticó que la solución de la
Conselleria para que se imparta la asignatura sea a través de las "amenazas" y
los "inspectores". Una acción que "recuerda a otras épocas", dijo, y le
preguntó al conseller cuándo presentará su dimisión. Font de Mora respondió
que esta cuestión "no la puedo responder porque no la tenía preparada. Ya la
contestaré dentro de tres o cuatro años".
Respecto a los inspectores, el conseller señaló que "entre otras cosas están
moviéndose por los centros para ver si hay dificultades, si faltan horas y, si
alguno no cumple, efectivamente, la orden", ya que se trata de una normativa
emitida por un Gobierno "legítimo" y, por tanto, los centros "tienen el deber
de cumplirla", reiteró.
Asimismo, acusó a los socialistas de "judicializar" la asignatura porque "sin
consensuar una ley educativa" han promovido EpC que ha provocado, dijo, que
"surja mucha gente que tenga inquietud por que a su hijo se le expliquen cosas
que pertenecen al ámbito de las creencias íntimas de la propia familia".
Por otro lado, el parlamentario socialista Adolf Sanmartín, durante su
interpelación calificó la situación del sistema educativo valenciano de
"esperpéntica" a causa de la aplicación de la orden de EpC. Además, le llamó
"irresponsable" porque hay un número de estudiantes "objetores" que no
obtendrán el título de Secundaria si no cursan la asignatura.
El diputado se solidarizó con aquellos centros que no aceptan que la
asignatura se impartan en inglés y apuntó que "héroes no son los profesores
que voluntariamente dieron la clase en ingles" sin traductores, sino los"
miles de profesores de Secundaria que soportan las ocurrencias del conseller",
así como los alumnos que este año estrenan la asignatura en un contexto de
"caos y de inseguridad jurídica".
EDUCACIÓN EN VALENCIANO
Por otro lado, la parlamentaria socialista María Vicente Crespo intervino para
exigir una valoración del conseller sobre el grado de implantación del
valenciano en la enseñanza, ya que, según indicó, del total de centros
escolares de la Comunitat, hasta un 52 por ciento no ofrecen la línea en
valenciano, por lo que cerca de 130.000 alumnos se han visto "privados" de
esta enseñanza". Asimismo, aseguró que la demanda de alumnos que quisieran
realizar los estudios en valenciano asciende al 55 por ciento.
En este sentido, el responsable autonómico de Educación realizó una
comparativa entre las cifras de alumnos y centros que estudian y ofertan los
estudios en valenciano durante la etapa de gobierno socialista y el actual.
Así, afirmó que cerca 196.849 alumnos estudian en valenciano actualmente, "un
165 por ciento más que con la administración socialista".
De igual modo, aseguró que en Infantil y Primaria son 138.000 los alumnos que
estudian en valenciano y en Secundaria son 58.626. Incluso, añadió que desde
el año pasado a este se han incorporado 13.900 alumnos más.
Afirmó también que el sistema educativo valenciano cuenta con 1.049 centros
que ofrecen la enseñanza en valenciano, al tiempo que aseguró que en 2008 el
90 por ciento de los maestros y el 75 por ciento del profesorado de Secundaria
"tiene la titulación necesaria para impartir en valenciano", y del resto de
cuerpos docentes "tiene alguna titulación en valenciano". Font de Mora apuntó
también que la Junta Qualificadora ha superado el millón de matrículas.
CUMPLIMIENTO RIGUROSO
Por otro lado, la parlamentaria de Compromís preguntó de qué manera piensa a
aplicar la Conselleria, en las pruebas selectivas para el acceso a los cuerpos
docentes la sentencia del Tribunal Constitucional que establece se debe
aceptar la titulación de Filología catalana para acreditar el conocimiento de
valenciano o las otras 15 sentencias del TSJCV.
En este sentido, el conseller afirmó que la Conselleria cumple "rigurosamente"
con la normativa vigente establecida y amparada por la Constitución Española y
el Estatuto de Autonomía", con el "firme objetivo de que la sociedad considere
el uso del valenciano como un hecho natural" en las relaciones sociales,
apostilló.
enseñanza
Suspenso masivo en Ciudadanía
Los directores de instituto dicen que serán estrictos con el
cumplimiento de la ley y darán las clases en inglés, pero advierten que los
alumnos no aprobarán porque no entienden el idioma
Maite Ducajú, Valencia
Los participantes en la Asamblea de Directores de Institutos de Educación
Secundaria de Valencia y Provincia, celebrada ayer en el Luis Vives,
mostraron su preocupación ante el problema que va a suponer para el
expediente académico de los alumnos de segundo de la ESO la impartición de
la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés, como ordena la
norma emitida por la conselleria.
Los directores consideran que el nivel de estos estudiantes no es competente
-4,1 en inglés, según las pruebas diagnósticas de la Conselleria de
Educación- para recibir y captar los contenidos en esta lengua extranjera
por lo que advirtieron de que puede darse un suspenso masivo si no
demuestran la aptitud necesaria en la materia. "Nosotros debemos ser
estrictos con el cumplimiento de la ley y, si se nos ordena que demos en
inglés, debemos hacerlo" subrayó una responsable de IES durante la asamblea.
Así, y como la mayoría de directores son partidarios de que se imparta en
las lenguas oficiales de la Comunitat: valenciano o castellano, pero son
conscientes de que deben respetar los mandatos de la conselleria, animan a
los padres a que sean ellos los que presenten recursos en contra de dar la
Ciudadanía en inglés y con el fin de que sus hijos puedan adquirir los
conocimientos y aprobar.
Muchos de los responsables de los centros destacaron otras carencias en el
comienzo de curso como la falta de profesores en algunas materias, de
docentes para alumnos con necesidades especiales o la obligación que han
impuesto algunos de los inspectores de Educación de que modifiquen los
horarios en menos de quince días. "La polémica de Ciudadanía es una cortina
de humo para no acabar dando bien esta materia y tapar otros problemas"
afirmaron.
Por su parte, el rector de la universitario de València, Francisco Tomás,
consideró ayer que la forma de impartir la asignatura de Ciudadanía en la
Comunitat, con dos profesores -uno de Filosofía o Geografía e Historia y
otro de inglés para vehicular los contenidos- "introduce elementos de
confusión para el estudiante".
Tomás, que contestó a Levante-EMV sobre las consultas recibidas pro algunos
institutos, aseguró que "los políticos deben responder de sus actos" a la
vez que reclamó que "la enseñanza y universidad sean objeto de un pacto de
Estado para evitar que se modifiquen cada vez que cambia el Gobierno".